Se trata de un término que apareció por primera vez en 1980. Desde entonces, las miradas están puestas en una transformación económica, la cual apunta a un futuro próspero, sostenible y equitativo.
La economía mundial se multiplicó casi por cinco durante los últimos 50 años. Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) consideró que dicho crecimiento tuvo un impacto negativo para el medio ambiente, dadas las nuevas exigencias en el mercado.
La Coalición de Economía Verde (GEC, por sus siglas en inglés) -la mayor alianza global para promover economías verdes y justas- afirma que en su forma actual, esta actividad generó riqueza para unos pocos en comparación de la mayoría. Además, contribuyó al cambio climático y a extinciones masivas, y priorizó el consumo sobre la sostenibilidad.
Sin embargo, aunque pueda parecer que la economía y el cuidado del planeta no pueden coexistir, varios expertos en el tema sostuvieron que es viable a través de una transición hacia una economía verde. Esta debe estar enfocada en mejorar el bienestar de la población y en mitigar los riesgos ambientales.
Dicho enfoque está alineado con los nuevos propósitos que se plantea la sociedad. Las miradas apuntan a invertir en una economía que sea capaz de promover un futuro saludable, próspero y equitativo.
En esta línea, se deben incluir la mayoría de los sectores sociales, tales como las empresas, los gobiernos y la sociedad civil, quienes tienen la responsabilidad de tomar medidas contra la crisis climática.
¿Qué es la economía verde?
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), este concepto hace referencia a aquella economía que promueve un mayor bienestar humano y una equidad social. Al mismo tiempo reduce de forma significativa los riesgos ambientales.
Esta misma se caracteriza por ser baja en carbono, eficiente en el uso de los recursos naturales y socialmente inclusiva. Esto quiere decir que se presenta una mirada integral que abarca varios puntos de suma importancia.
El punto está en equilibrar y tener en cuenta varios aspectos que influyen en el desarrollo social. Se deben incluir estrategias que estén en pos de una sostenibilidad ambiental y una justicia social, lo que promueve una transición que beneficie a la sociedad.
Además, la economía verde se presenta como una herramienta eficaz para superar desafíos de desarrollo, como presiones inflacionarias o tensiones geopolíticas, que son comunes en la región de América Latina, según dice Luis Cecchi, analista de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Por su parte, la Coalición de Economía Verde (GEC) detalla cinco principios clave que forman al concepto de economía verde. En primer lugar, el bienestar. Se trabaja para que todas las personas puedan crear y disfrutar de la prosperidad.
En segundo lugar, se halla la justicia. Asegura la equidad, tanto dentro de la generación actual como entre generaciones futuras. Establece al mismo tiempo límites planetarios que protegen, restauran e invierten en la naturaleza, reconociendo y valorando su importancia.
La eficiencia y la suficiencia también ocupan un lugar importante. Se destaca por ser baja en carbono, conservadora de recursos, diversa y circular.
También incluye las buenas prácticas gubernamentales. Las decisiones económicas deben ser guiadas por instituciones integradas, responsables y resilientes, basadas en la evidencia y con la participación y consentimiento público.
¿Por qué es importante la transición hacia una economía verde?
Según el Reporte del Estado del Clima en América Latina y el Caribe 2020 de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), América Latina experimentará algunos de los impactos más severos del cambio climático, como olas de calor, disminución de la producción agrícola e incendios forestales.
Además, el último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) alerta sobre las consecuencias socioeconómicas adversas de estos fenómenos. De hecho, un escenario de calentamiento global de 2.5 grados podría costarle a la región entre el 1.5% y el 5.0% de su Producto Bruto Interno (PBI) para 2050.
Ante este escenario, resulta de gran importancia la movilización de recursos para financiar la transición verde en la región. Esta transición no solo contribuiría a reducir los gases de efecto invernadero, sino que también proporcionaría beneficios significativos en términos de justicia social, según Sebastián Nieto Parra, jefe de la Unidad de América Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo de la OCDE.
Parra también destaca la necesidad de empoderar a los trabajadores, accionistas y empresarios de los sectores más contaminantes para que puedan adaptarse a un nuevo modelo de negocio. Así es como se podría proporcionar un suministro de energía más económico y disminuir la dependencia de productos importados derivados de combustibles fósiles.
Para finalizar, Luis Cecchi -coordinador del informe de la OCDE- considera que la transición verde puede generar empleos de calidad, transformar las matrices productivas y energéticas, y mejorar el bienestar de los ciudadanos.
